Ley del Olivar ampliará las medidas para asegurar el liderazgo de Andalucía en el sector

Andalucía concentra la tercera parte del olivar europeo y el 40% de la producción mundial de aceite de oliva.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la Ley del Olivar. El nuevo marco regulador ampliará las políticas de la Junta dirigidas a asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, que genera casi un tercio del empleo agrario regional y constituye la base fundamental de la economía de más de 300 municipios de la comunidad autónoma.

El borrador del anteproyecto, que desde noviembre ha estado abierto a la aportación de los agentes económicos y sociales, desde agricultores a consumidores, plantea un doble enfoque sectorial y territorial de impulso a la competitividad de las producciones, promoción del desarrollo sostenible en los territorios olivareros y revalorización del patrimonio paisajístico y cultural vinculado a la actividad.

Entre otras novedades, el texto recoge la figura de los contratos de explotación que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones desde el punto de vista productivo, ambiental y social como las contrapartidas de la Junta en lo relativo a ayudas e intervenciones de apoyo.

Las medidas de fomento previstas en el anteproyecto se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.

Con una vigencia de seis años, este documento será elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas del sector y, además de las líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones, incluirá un diagnóstico de la actividad y un código de buenas prácticas de gestión. Su aprobación por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que estará integrado por representantes de las administraciones públicas y del sector, así como de especialistas en la materia.

Con carácter general, la futura ley incluye disposiciones orientadas a ampliar las medidas que actualmente se desarrollan para el mantenimiento de la renta de los olivicultores, el respaldo al olivar tradicional y al situado en zonas con desventajas naturales, la creación y mejora de regadíos con sistemas de ahorro de agua, el aprovechamiento energético de los residuos, el fomento de la comercialización, el apoyo a los sistemas de certificación de calidad y la promoción de nuevas tecnologías tanto en el cultivo como en la producción del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

Respecto a las ayudas económicas al sector, el anteproyecto refuerza la prioridad para el olivar de montaña o de zonas con desventajas naturales, las explotaciones situadas en territorios socioeconómicamente desfavorecidos y aquellas que cuentan con calificaciones oficiales de agricultura ecológica y producción integrada.

Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo y el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente.

La superficie de olivar en se distribuye por las ocho provincias andaluzas, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla.

Vía J.A.

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