Avanza redada de evasores españoles en Suiza

La Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid confirmó esta semana que crece la regularización de cuentas ocultas en la plaza financiera suiza. Las cuentas de españoles en el HSBC de Suiza, cuyo patrimonio podría ascender a 8.500 millones de francos, podrían generar al fisco español ingresos de hasta 1.000 millones de francos durante el próximo año, entre el cobro de impuestos evadidos y las multas directas por incumplimiento

El fisco español pierde entre 150 y 200 millones de francos suizos de ingresos por dicha evasión. Suiza condena el incumplimiento de los contribuyentes, pero rechaza firmemente la utilización de coordenadas robadas.

Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda de España, confirmó que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avanza en la regularización de las 3.000 cuentas opacas de clientes españoles en la plaza financiera helvética.

Afirmó que crece el número de casos de evasores detectados e informó que ya comenzaron a fluir los ingresos omitidos por los citados contribuyentes.

En rueda de prensa en Madrid, Ocaña declinó realizar un balance parcial sobre los ingresos recuperados entre los evasores, pero reiteró que la ley se hará cumplir.

Consultada por swissinfo.ch sobre los detalles del avance del operativo, fuentes de la Agencia Tributaria (AT) española reconocieron que se estima que las cuentas encubiertas –esencialmente en el HSBC de Suiza- podrían sumar hasta 8.500 millones de francos suizos.

Según los criterios de imposición sobre rendimientos financieros vigentes en Suiza, el gobierno español estaría perdiendo entre 200 y 250 millones de francos suizos anuales por esta causa.

Sin tregua a evasores

Tras el anuncio formal de la pesquisa de evasores (24.06), la Agencia Tributaria española decidió otorgar sólo 10 días a los contribuyentes implicados para autodenunciarse.

Italia, por ejemplo, puso en marcha un ambicioso programa de regularización de evasores (conocido como ‘escudo fiscal’), que permitió en 2009 transparentar cuentas no declaradas a cambio de una penalización fiscal mínima. El programa le reportó más de 1.360 millones de francos suizos a la administración de Silvio Berlusconi.

Francia, por su parte, país que opera con la misma base de datos que hoy está en poder del gobierno español y cuyos evasores son en gran medida clientes del HSBC de Suiza, creó su propia ‘célula de regularización’ que le permitió ingresar 1.050 millones de francos suizos el año pasado a través de las declaraciones voluntarias.

Consultada sobre la validez ética de adquirir por medios ilegales las coordenadas de contribuyentes incumplidos, la AT declinó opinar, pero afirmó que es obligación de todo ciudadano español mantener cuentas ordenadas con la hacienda pública. Y si no es así, debe saber que habrá consecuencias, puntualizó.

Robo de coordenadas

Un debate deontológico está en curso. ¿Es correcto que las autoridades fiscales europeas utilicen información obtenida por medios ilegales para descubrir evasores?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), timón internacional en la lucha contra los paraísos fiscales, no promueve la práctica, pero tampoco se opone a la utilización de medios ‘no convencionales’ para detectar a contribuyentes que incumplen las normas.

A juicio del Departamento Fiscal de la OCDE, lo inaceptable es que los ciudadanos no cumplan con sus obligaciones fiscales.

El gobierno suizo, como unidad, difiere de esta posición; y tanto en el caso de las cuentas ocultas de España como en los expedientes anteriores que se han presentado de cuentas alemanas, italianas o francesas, la administración helvética ha dejado claro que no aceptará solicitudes de demanda de información administrativa que se deriven del robo de coordenadas bancarias.

Sin embargo, el tema ha generado posiciones encontradas incluso entre los diversos miembros del gabinete helvético.

Violación a la ley

En febrero de 2010, ante la estupefacción de propios y extraños, la ministra de Relaciones Exteriores, Micheline Calmy-Rey, declaró que comprendía el proceder del gobierno alemán que acababa de comprar un CD con información de evasores germanos con cuentas en Suiza.

Y añadió que en caso de estar en el lugar de un ministro de finanzas, quizás habría utilizado la misma estrategia para atajar la evasión. Una sinceridad poco apreciada por homólogos como Hans-Rudolf Merz, ministro de Finanzas, quien se ha expresado permanentemente en contra de esta práctica.

Cualquier gobierno extranjero que utilice información robada infringirá el Artículo 273 del Código Penal de Suiza, y aunque los clientes buscados sean extranjeros, lo que se tocan son intereses suizos al investigar cuentas basadas en la plaza financiera helvética. La posición del Ministerio suizo de Finanzas sobre este tema es clara: “El robo de coordenadas de clientes bancarios viola la buena fe; especialmente cuando se da entre países que tienen Convenios para evitar la doble imposición (CDI) con Suiza. Es un acto reprobable y reprensible en términos penales”.

Iniciativa en estudio

Cabe destacar que la utilización y/o compra de coordenadas bancarias por parte de un gobierno viola el derecho internacional.

Concretamente, el Artículo 26 de la Convención de Viena (1969) que hace referencia a la ejecución de los tratados internacionales que deben ejercerse siempre a partir del principio de la buena fe.

Al respecto, una iniciativa de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora), presentada la primavera pasada a la cámara baja, pide la penalización del uso de información bancaria obtenida por medios ilegales para la detección de evasores.

La iniciativa de la UDC refiere que los CDI son un tratado internacional, razón por la que deben aplicarse conforme a los principios de la buena fe.

Y la UDC solicita abiertamente que el Consejo Federal (gobierno) no firme nuevos CDI en el futuro si sus contrapartes no se comprometen a no utilizar coordenadas bancarias obtenidas de forma ilegal.

Al respecto, el Ministerio de Finanzas explica que se trabaja actualmente en una Ley de Asistencia Administrativa Internacional en Materia Fiscal que podría estar concluida este mismo año y que sería el fin de las pesquisas de evasores vía medios no convencionales.

Andrea Ornelas, swissinfo.ch

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