La represión del franquismo a las mujeres

22.09.2010 10:09

LA JUNTA INDEMNIZARÁ A LAS MUJERES ANDALUZAS QUE SUFRIERON VEJACIONES DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA FRANQUISTA

Las ayudas, de 1.800 euros, se suman a las que se vienen concediendo desde 2001 para las personas represaliadas con privación de libertad

La Junta de Andalucía indemnizará a las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se reconoce a estas personas el derecho a percibir una cuantía fija de 1.800 euros, como modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha subrayado tras el Consejo que la nueva norma viene a saldar una "deuda moral" con estas mujeres, que sufrieron distintas formas de represión durante esos años, muchas veces "por el simple hecho de ser familiares de víctimas del franquismo".

Un decreto que, ha señalado, representa la aportación de la Junta para reconocer "la fortaleza, valentía y afán de superación" de este colectivo, cuyo "trabajo silencioso pero firme" ha tenido un "papel crucial" en la instauración de la democracia. Por ello, ha manifestado que los 1.800 euros que percibirán las mujeres represalidas constituyen una "cantidad simbólica", ya que no se trata de una "cuestión económica" sino de la "reparación" de un daño.

La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 viene concediendo el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público. El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950.

La represión del franquismo a las mujeres

Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el BOJA para presentar la solicitud y con las pruebas que consideren necesarias. Podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática en el portal www.juntadeandalucia.es. Una ver recibida la solicitud, la Administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses. La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años.

Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las estatales fijadas en 1990).

En 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación para establecer una indemnización en pago único de 1.800 euros y extender su cobertura a quienes no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003 por las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos.

Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.

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